Proteger a niñas y niños traerá fuertes retornos sociales y económicos.
El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) organizó el seminario virtual “Seguridad alimentaria y COVID-19”, en donde expertos dieron cuenta del panorama que se vive en el mundo.
Al inaugurar la videoconferencia, el secretario académico del INSP, Eduardo Lazcano Ponce, afirmó que para enfrentar el problema de la inseguridad alimentaria como consecuencia de COVID-19, es necesaria una respuesta organizada que incluya la participación de los gobiernos, sector privado, sociedad civil y organizaciones multilaterales.
Agregó que de acuerdo con el informe: El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020 (SOFI, por sus siglas en inglés), publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 47.7 millones de personas en América Latina y el Caribe sufrieron hambre durante 2019.
La directora del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del INSP, Teresa Shamah Levy, quien moderó el seminario, añadió que, de acuerdo con la hipótesis de crecimiento económico, la pandemia de COVID-19 puede aumentar entre 83 y 132 millones el número total de personas subalimentadas en el mundo en el 2020.
A su vez, la Estadista Regional en América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), Verónica Boero, comentó que el impacto de la COVID-19 en la seguridad alimentaria será alto, ya que es la peor crisis económica global desde la Segunda Guerra Mundial, por lo que propuso enfocar la atención en países y grupos de población que tradicionalmente no han tenido atención.
Boero dijo que es imprescindible invertir en el levantamiento de datos representativos de la población, para crear políticas públicas basadas en evidencia; transformar el sistema alimentario, de uno industrializado a uno más saludable y económico, así como facilitar el acceso a los mercados de los pequeños productores.
Además, es necesario continuar con los programas enfocados a disminuir las pérdidas y desperdicios de alimentos y no descuidar a las y los niños que dependían de la alimentación escolar.
Finalmente, mencionó que, ante la contingencia de la COVID-19, la FAO realiza mediciones de seguridad alimentaria en 134 países.
En su participación, el profesor titular de Salud Pública de la Universidad de Yale, Rafael Pérez Escamilla, puntualizó que la inseguridad alimentaria aumenta como resultado de la COVID-19, afectando a las familias más vulnerables y, en mayor proporción, los hogares con niñas y niños pequeños.
En ese sentido, Pérez Escamilla dijo que proteger a las y los niños pequeños es crucial para el Gobierno de México, ya que esta inversión traerá fuertes retornos sociales y económicos.
Al abordar el tema de COVID-19 y la inseguridad alimentaria y nutricional materno infantil, “una compleja sindemia”, puntualizó que no se ha detectado la transmisión del coronavirus a través de la leche materna, por lo que hasta ahora no existen motivos para interrumpir la lactancia materna.
Por su parte, el profesor titular de Seguridad Alimentaria Mundial de la Escuela de Nutrición Humana de la Universidad de McGill, Canadá, Hugo Melgar Quiñonez, indicó que entre 2014 y 2017, ya se registraba una disminución de la seguridad alimentaria en América Latina, situación que se está agravando por la inequidad y el aumento de la pobreza.
Explicó que, de acuerdo con los últimos reportes de la ONU sobre el estado de la seguridad alimentaria y nutrición en el mundo, se reportan aumentos no sólo en la subnutrición, sino también en la inseguridad alimentaria moderada y severa, que afecta a dos mil millones de personas en el mundo.
